Fragmentación y circulación. Desde el final del gobierno altamente centralizado y autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), Perú se fragmentó política y electoralmente. En 2001, los dos candidatos que alcanzaron la segunda vuelta, Alejandro Toledo y Alan García, sumaron 62% de los votos. Veinte años después, Pedro Castillo y Keiko Fujimori apenas consiguieron entre ambos 32%, y la segunda no recogió siquiera uno de cada diez de los electores habilitados para votar. Es decir, grandes porciones de la sociedad no encuentran representación efectiva.

Pero el poder no solo se ha fragmentado, también ha circulado mucho. De 2001 en adelante, los partidos que estuvieron en el poder fueron testigos de cómo su poder desaparecía en la siguiente elección. A la voluntad inalterable de los peruanos de castigar severamente a sus políticos se sumaron distintas normas que acabaron con la posibilidad de reelegirse tanto en los niveles subnacionales como en el Congreso. Como las estaciones, los políticos llegan y se van.

Amateurismo político. La alta circulación está relacionada con el amateurismo político. En Perú, es legión la gente que debuta en política con cargos de la mayor responsabilidad. De hecho, si hace cinco años se hubiera preguntado a los peruanos por Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo o Dina Boluarte, nadie habría podido identificarlos. De los últimos diez presidentes peruanos, seis nunca habían ganado previamente una elección para ningún cargo. Este amateurismo radical está en la raíz de decisiones absolutamente torpes, como el golpe de Estado frustrado de Pedro Castillo, por el cual acabó preso dos horas después. Las elecciones ya no son entonces un mecanismo pacífico de competencia y disputa por el poder, sino una suerte de lotería.

Ausencia de vínculos con la sociedad. Los partidos políticos peruanos carecen de vínculos con la ciudadanía, ni programáticos ni personalistas ni clientelares. Son apenas una inscripción en el registro de organizaciones políticas que los autoriza a presentar candidatos para las distintas elecciones. O acaso habría que decir que los autoriza a subastar candidaturas. Así, una vez elegidas las autoridades, estas no mantienen un vínculo que los lleve a considerar necesario rendir cuentas ante el electorado. No surgieron en la política por tener conexiones fuertes con la sociedad y desaparecerán de la política sin esperanza de reemerger. Un buen ejemplo de esta dinámica es la del ex-alcalde de Lima Jorge Muñoz: fue elegido sorpresivamente en 2018 y también de manera sorpresiva fue destituido en 2022. La capital del país y sus diez millones de habitantes se quedaron sin autoridad municipal. Nadie lo vio venir y, más importante, a nadie le importó. La democracia vaciada.

La acción conjunta de estas tres características ha eliminado las condiciones para el funcionamiento de la democracia. Los políticos llegan sin pasado, saben que no tienen futuro y, así, no tienen incentivos para rendir cuentas ante nadie. Solo poseen un presente que nadie sabe cuánto durará y durante el cual no deben responder sino ante sus financiadores. Se trata de una fórmula para producir políticos irresponsables y depredadores, sin incentivos para hacer funcionar los mecanismos básicos de la democracia. Más que políticos, lo que queda son aves de paso, ocupantes ocasionales del poder, que buscan arranchar cuanto pueden del Estado. No le deben nada a nadie: ni a un líder partidario ni a una constituency.

Boluarte es la más reciente exponente de este tipo de personaje. Aunque sabe desde el inicio de su mandato que es rechazada por la mayoría del país, no le importa. No le debe la Presidencia sino al azar y es consciente de que no tiene ningún porvenir en la política peruana. Ergo, la amateur presidenta gobierna con el apoyo de los poderes que intentaron descarrilar antidemocráticamente la elección de su plancha presidencial (era vicepresidente de Castillo), y si el precio para disfrutar de su lotería presidencial es abrir fuego contra la ciudadanía, lo paga sin dudar. Ni las convicciones ni los incentivos la empujan en dirección democrática. Es la degradación mayor del político irresponsable. Y una democracia en la que no se responde por las acciones de gobierno ya no se parece a una democracia.

En tal contexto de vaciamiento no es casualidad que fuerzas de facto emerjan para llenar el poder vacante. Desde hace un lustro, los militares han tenido mucho mayor protagonismo en la política peruana de lo que una democracia debería permitir y, probablemente, más del que ellos mismos quisieran asumir. Hoy son una pata central para la estabilidad del gobierno de Boluarte, y ella y su premier Alberto Otárola han demostrado que no piensan dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos señaladas por organismos internacionales.

¿También en la región?

Ahora bien, ¿este proceso tiene manifestaciones fuera de Perú? Creemos que sí. Aunque al plantear esta comparación hay tener en cuenta tres cuestiones: (a) lo importante no es si los casos son idénticos al peruano, sino advertir movimientos y tendencias semejantes; (b) la situación de la democracia en cada país es muy diferente y, por tanto, también lo es el punto de partida de estos procesos; (c) como producto de lo segundo, el proceso de vaciamiento democrático puede producir consecuencias distintas. Pero en todos los casos observamos combinaciones de fragmentación y circulación del poder, la llegada de outsiders y la ruptura del lazo entre política y sociedad y, por tanto, un proceso que eventualmente puede derruir la democracia no por la concentración del poder, sino por su dilución.

Uno de los ejemplos más claros de vaciamiento democrático es el de Guatemala. El actual presidente Alejandro Giammattei llegó a la segunda vuelta presidencial en 2019 con 14% de los votos y ganó la segunda con un ausentismo de 57%. El Congreso guatemalteco está poblado de «tránsfugas» (parlamentarios que circulan de partido en partido sin mayores lealtades). En la elección que se llevará a cabo este año, ninguno de los candidatos genera gran entusiasmo en el electorado. Lo cual es normal: en una democracia vaciada, dominada por intereses particulares y de corto plazo, en la que desaparece el interés general, es muy difícil construir entusiasmo y mucho menos legitimidad. Lo que hace peculiar al caso guatemalteco es que los políticos impopulares e irresponsables han formado (junto con otros poderes, empresariales, militares y mediáticos) lo que allí llaman el «pacto de corruptos» que busca –y, por el momento, consigue- que los candidatos que pongan en peligro la impunidad sean eliminados de la carrera electoral. Gracias al control de distintas instituciones estatales, tanto en la elección de 2019 como en la de 2023 se ha eliminado a candidatos presidenciales ajenos al pacto. El resultado para la democracia es que se ha instalado lo que el politólogo Omar Sánchez-Sibony llama un «autoritarismo de coalición». O, podríamos decir desde el lado anverso, un autoritarismo sin dictador.

En el atribulado Ecuador de hoy también encontramos señales de vaciamiento democrático. Si, al igual que Perú, Ecuador nunca tuvo un sistema de partidos fuerte, lo poco que había terminó de colapsar con el gobierno de Rafael Correa, quien, en un modo semejante al de Fujimori, nunca tuvo mayor interés ni logró construir una organización con implantación en la sociedad. Ausente el líder carismático, se hizo patente la dilución del poder. En una dinámica muy semejante a la peruana, en la última elección Guillermo Lasso pasó a segunda vuelta con menos de 20% de votos y triunfó debido a la polarización anticorreísta. En una encuesta de febrero de este año (Perfiles de Opinión), Lasso obtenía menos de 13% de aprobación y la Asamblea Nacional apenas superaba el 10%. Así, desde el inicio, se trató de una presidencia débil, que hoy enfrenta un proceso de destitución promovido por un Poder Legislativo también altamente impopular. En el nivel subnacional, finalmente, se refleja un proceso semejante: los dos últimos alcaldes de Quito fueron elegidos con 21% y 25% de los votos.

Asimismo, los partidos han perdido la capacidad de retener a los políticos. Más bien, en palabras del politólogo Simón Pachano, cada político busca ser «cabeza de ratón» y así tentar suerte de manera individualista en las distintas elecciones del país. Por ejemplo, Yaku Pérez, quien llegó tercero en la elección de 2021 con el movimiento Pachakutik, ya formó su propia organización. Y la fragmentación no parece que vaya a revertirse en el futuro. Fuera de una eventual candidatura de Correa -hoy impedido legalmente de postular-, los potenciales candidatos no generan grandes adhesiones.

En Colombia encontramos algunas dinámicas semejantes. El ex-presidente Iván Duque -una última expresión de la influencia del ex-presidente Uribe sobre el sistema político- pasó sus últimos años con una desaprobación que superaba el 70% y sufrió un estallido social en dos tiempos que ponía en escena un gobierno de muy baja legitimidad que, al igual que en Chile o Perú, debió acudir a formas graves de represión para sofocarlo. Las elecciones presidenciales del año pasado también reprodujeron estas dinámicas de desconexión entre la política y la sociedad. Con excepción de Gustavo Petro, que recogía un apoyo importante y constante, el resto de los candidatos apenas si llegaba a los dos dígitos. Un proceso de primarias y alianzas redujo esta dispersión, aunque, en una movida tradicional en un sistema vaciado, por fuera de estos acuerdos e impulsado por TikTok, creció Rodolfo Hernández, un outsider «anti-establishment» que, sin representar ningún tipo de plataforma política, se quedó a tres puntos de ser presidente de Colombia.

Más allá de América Central y los países andinos, donde la política ha tendido a la inestabilidad, un país como Chile atraviesa un proceso en el que también se distinguen elementos de vaciamiento. Como ha señalado el politólogo Juan Pablo Luna desde hace varios años, el sistema político chileno asemeja a una lechuga hidropónica: luce muy bien, pero carece de raíces. Lo ejemplificó el segundo gobierno de Sebastián Piñera: ante el estallido, aseguró estar en guerra, sus índices de aprobación cayeron por debajo de 10% y se salvó por poco de la destitución. Y podríamos agregar que lo representa también la suerte actual del presidente Gabriel Boric, cuya coalición ha quedado en posición de minoría tras los resultados de las elecciones del 7 de mayo de este año para un Consejo Constitucional que debe redactar una nueva constitución.

Partidos y políticos han perdido sus vínculos con la sociedad. La primera Convención Constitucional, tras el estallido, fue ocupada mayoritariamente por independientes que a la postre produjeron un proyecto de Constitución que fue abrumadoramente rechazado. Es decir, ni los partidos ni los independientes llenan el vacío. Y las presidenciales de 2021 repitieron una dinámica de fragmentación y circulación del poder: Gabriel Boric, José Antonio Kast, Franco Parisi y Sebastián Sichel –los cuatro primeros puestos de la primera vuelta– encabezaban movimientos nuevos y por fuera de los partidos tradicionales. Solo en el quinto puesto llegaba la candidata de la Democracia Cristiana con 11%. El triunfo del Partido Republicano en la elección de convencionales del 7 de mayo consolidó este desplazamiento de los partidos tradicionales. A esto se suma una Cámara de Diputados fragmentada en 21 partidos, algo que parecía ser propio del Poder Legislativo brasileño. En el nivel municipal, hoy 25% de las alcaldías están en manos de independientes, el doble que hace cuatro años.

Reflexiones finales

Lo que hemos expuesto en este artículo no sugiere que los países reseñados atraviesen una coyuntura idéntica: Guatemala ya no es una democracia (The Economist Unit lo califica como «régimen híbrido» y V-Dem, «autocracia electoral»), mientras que no podemos imaginar un escenario en el que Chile dejara de serlo. Lo que se subraya aquí es un proceso común que tiene rasgos de lo que llamamos un vaciamiento democrático, proceso que puede llevar a distintos tipos de resultado. Pero en todos los casos se afecta el funcionamiento de la democracia y esto, eventualmente, puede llevar a su muerte. El llamado de atención de Perú para la región es que las democracias pueden morir por dilución del poder, y que acostumbrados como estamos a la amenaza de la concentración, este peligro pasa desapercibido. Es decir, únicamente solemos considera que la democracia está en situación crítica cuando sus elementos liberales colapsan, pero no le damos igual importancia cuando sucumben los componentes representativos. El caso peruano demuestra que el colapso de la dimensión representativa puede afectar también la liberal. Una democracia sin poder representativo corre el riesgo ya no solo de ignorar las demandas de la ciudadanía, sino también de violentar sus libertades más básicas. El vaciamiento de la democracia peruana es un caso extremo, pero el vaciamiento de la representación es un problema que atañe a muchos países en la región.

Autores : Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara. ( Nueva Sociedad)

Comida, carbono, confianza

Consensuar ideas fuerza puede ofrecer marcos de consistencia narrativa y coherencia práctica que vincule la agenda doméstica al accionar externo. Esto serviría para articular una visión global que ayude a la mejor gestión de la política exterior. Hace falta dotarla de más gobernanza porque es una política pública dictada desde la Casa Rosada, donde participa la Cancillería y varios ministerios, secretarías, agencias y oficinas técnicas, además de provincias y gobiernos locales, que cada vez más definen su propio perfil internacional.

Son tres anclajes estratégico-narrativos. Por eso creo que la estrategia internacional de la Argentina tendría que estar conceptual y funcionalmente ordenada alrededor de tres impulsores nítidos, así que bienvenido todo debate, ya que seguramente haya más

1. Comida: futuro alimentario sostenible

La primera “C” es el elemento impulsor más poderoso: la comida. Todos comemos y en buena medida “somos” lo que comemos. Podemos enfermarnos o curarnos de acuerdo a cómo comemos, así como también por lo que dejamos de comer. Sin importar el lugar del planeta, la comida es parte de las realidades más básicas y cotidianas de las personas. Y a través de la comida podemos desempeñar un rol relevante en el mundo. Según el último informe de la organización de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), unas 2.300 millones de personas enfrentan niveles de inseguridad alimentaria entre moderada y severa. 

Al mismo tiempo, siete de cada 10 dólares de exportación en nuestro país lo generan las cadenas agroindustriales, y somos el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos, y maní, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) . Por otra parte, como muestra esta visualización de datos hecha con el Atlas de Complejidad Económica, nuestro país se encuentra entre los mayores exportadores netos de bienes agrícolas y productos alimentarios, con una participación superior al 7% del total y sólo por detrás de Brasil, que representa el 17%. Junto a Canadá, Indonesia y Nueva Zelanda integramos el Top-5 de los mayores exportadores netos de comida del mundo.

Argentina es capaz de producir materias primas agrícolas y bienes agroindustriales para cientos de millones de personas en lugares del mundo con déficit calórico y nutricional, donde la calidad y extensión de los suelos, así como el clima, no permiten producir para abastecer sus necesidades. Además, tenemos la oportunidad de aumentar exportaciones de proteína animal y vegetal, grasas saludables y nutritivas, brindando seguridad alimentaria y oferta asequible en un mundo que sobrepasó los 8.000 millones de habitantes.

Podemos ser protagonistas en construir un futuro alimentario sostenible. Es un lugar global que podemos ocupar. Tenemos las condiciones para hacerlo y el mundo le dará la bienvenida a nuestra vocación, si demostramos que estamos a la altura de lo que significa cumplir con ese rol.

¿Por qué vale la pena trabajar por ese futuro? Porque la comida es un vehículo potente, un activo de peso con el que cuenta la Argentina para construir y proyectar reputación global y posicionarse explotando su poder simbólico. Porque supone una oportunidad para apalancar un modelo de crecimiento y desarrollo que se impulsa en y desde los sectores más dinámicos y competitivos de la economía. Y porque ofrece una plataforma para desatar toda la potencia productiva y emprendedora del ecosistema agrotecnológico en el interior y las ciudades intermedias en un contexto mundial receptivo hacia las iniciativas de esta naturaleza.

¿Cómo luce ese futuro? En un futuro alimentario sostenible las economías regionales y complejos exportadores producen conservando los recursos y la biodiversidad, con buenas prácticas de bienestar animal y menor impacto ambiental, posicionando al país como protagonista de la transición hacia la descarbonización.

¿Por qué vale la pena trabajar por ese futuro? Porque la comida es un vehículo potente, un activo de peso con el que cuenta la Argentina para construir y proyectar reputación global.

Esto demandará capacidad de gestión del Estado. Requerirá de políticas agropecuarias, pesqueras, de sanidad animal y vegetal, etc. adecuadas. Supondrá oportunidades para las economías regionales, el sector gastronómico y las empresas productoras de alimentos diferenciados, con marca y alto contenido de valor agregado. Y ofrecerá espacios internacionales donde promocionar y consolidar presencia de la imagen país, desde nuestras denominaciones de origen e indicaciones geográficas, hasta el posicionamiento regional y global de cocineros, franquicias, restaurantes y marcas diferenciadas.

Pero para lograr un futuro alimentario sostenible tenemos que ser conscientes de la importancia de la gestión sustentable de los suelos, el agua y los espacios marítimos. Será imprescindible profundizar el intercambio de prácticas y tecnologías agrícolas innovadoras y promover la colaboración público-privada para gestionar los riesgos, proteger la biodiversidad y reducir el impacto de los eventos climáticos extremos. Hacerlo mientras trabajamos en mejorar la productividad y la participación en las cadenas globales de suministro será un enorme desafío que hoy está atravesado por la agenda prioritaria de lucha contra el cambio climático. La buena noticia es que no son agendas excluyentes.

2. Carbono: transiciones a largo plazo

La segunda “C” impulsora es el carbono. El cambio climático es un riesgo existencial y se ha convertido en el tema prioritario de la agenda internacional. La acción climática es hoy el principal impulsor de las transformaciones globales y las transiciones hacia un mundo carbono-neutral ya están en marcha (especialmente en el sector energético, pero también en todos los sectores de la producción y los servicios). Estamos en una trayectoria bastante nítida hacia sistemas económicos, comerciales y productivos cada vez más carbonocéntricos.

Argentina emite cada año casi 400 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalentes, según Climate Watch. Esto nos coloca como el 24° mayor emisor, pero representando menos del 1% de las emisiones globales. Por otra parte, este mapa del carbono permite poner esta problemática en perspectiva y visualiza claramente el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Al ilustrar el tamaño de los países según emisiones CO₂ por uso de energía durante el período 1850-2011, la imagen pone sobre la mesa el debate acerca de los costos de las transiciones hacia la descarbonización y la capacidad de movilizar los recursos necesarios para llevarlo a la práctica.

Si la Argentina logra dejar atrás las tentaciones pseudodesarrollistas de “vivir con lo nuestro” (como el debate actual sobre algunos proyectos de nacionalización del litio) y rechaza cualquier reflejo negacionista del cambio climático, facilitando y quitando obstáculos a la energía emprendedora, desatando el potencial de la riqueza productiva, la provisión de servicios ambientales y la explotación sostenible de los recursos naturales y alimentarios (es decir la combinación virtuosa de las dos primeras “C”: comida y carbono), se podrían incentivar nuevos sectores. Un ejemplo de esa búsqueda podría ser el sector de fertilizantes nitrogenados, tanto como oportunidad comercial para abastecer el dinámico mercado local como para también hacer un aporte a estabilizar el mercado internacional, que sufrió una gran disrupción tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Todo esto también requiere de un Estado inteligente, con políticas públicas acordes a las buenas prácticas internacionales.

Todo esto también requiere de un Estado inteligente, con políticas públicas acordes a las buenas prácticas internacionales. Así podrá suponer una oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos en materia de desarrollo pacífico de la energía nuclear, así como también brindará nuevas chances para trabajar con socios locales y externos que apuesten a la explotación sustentable de nuestros recursos renovables y fósiles, del sector foresto-industrial, y para el desarrollo de la actividad minera (especialmente aquellos rubros que desempeñan un rol crítico para la transición energética y la transformación digital, como son los casos del litio y el cobre).

Además, los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y el escenario mundial de las finanzas climáticas ofrecen a nuestro país la oportunidad de explorar nuevas trayectorias de financiamiento sostenible. Una que suponga el armado de un esquema de precio del carbono y que se sostenga en el posicionamiento global de la Argentina como un país protagonista, alineado con metas ambiciosas de acción climática, y que cuenta con una hoja de ruta clara para cumplirlas.

Argentina puede hacer una gran contribución a los objetivos de lucha contra el cambio climático dadas sus grandes extensiones verdes, bosques y condiciones naturales. Sin embargo, por la falta de instrumentos, esos activos nacionales no están participando hoy del financiamiento climático. Necesitamos hacer un gran esfuerzo nacional para poder lograr asignar y percibir un valor a los cientos de millones de hectáreas que sean  gigantescos captadores de CO₂ atmosférico y estén reconocidos en el sistema financiero internacional.

3. Confianza: nuestro eterno desafío.

La tercera “C” es un concepto transversal y posiblemente el más intangible: la confianza, el atributo fundamental que requiere toda sociedad para funcionar, incluida la sociedad internacional. Es esa característica tan ardua de obtener y fácil de perder, que nos condena a lidiar con la entropía de los ciclos políticos discontinuos.

La construcción de confianza debe guiar la política pública y el accionar tanto de los líderes como del gobierno. Así, por gloria y gracia de la vía negativa, los funcionarios de la próxima administración deberán abstenerse de toda iniciativa que pueda alimentar desconfianzas hacia la Argentina. Se impone una agenda donde será necesario construir credibilidad y demostrar capacidad de cumplir.

Necesitamos una política exterior que nos otorge mas previsibilidad y estabilidad . Una que coloque a la Argentina en el lugar del mundo que le corresponde. Un lugar acorde a lo que somos y también a lo que queremos ser. Desempeñando un rol de protagonismo en aquellas agendas que son valiosas y de interés para nuestro futuro. Participando de las soluciones a desafíos globales, desde nuestro lugar. Y asumiendo la responsabilidad de participar de la gobernanza global y los debates internacionales cumpliendo nuestros compromisos. De ahí que la tríada comida-carbono-confianza puede ser la impulsora de una nueva política exterior.

Una política exterior astuta, cordial y sutil que permita cubrirnos de riesgos globales y regionales, y aprovechar las oportunidades de trabajar con la mayor cantidad de socios en el mundo como sea posible, mientras éstos respeten nuestros valores e intereses nacionales.

Una política exterior astuta, cordial y sutil que permita cubrirnos de riesgos globales y regionales.

Especialmente después de las PASO. Es decir que puede formar parte del menú de opciones políticas atractivas para la sociedad, con mirada de futuro, y con el potencial de ser uno de los vértices de la geometría de coaliciones tanto electorales como de gobierno que necesitamos para que la próxima década sea de crecimiento, inversión y exportaciones. Incluso, pueden establecer las condiciones de base para el diálogo y la negociación con la oposición democrática. Esta, entre otros roles relevantes, tendrá que participar de los procesos legislativos que, según corresponda, suponen las herramientas de la política exterior con las que contamos.

Norberto Pontiroli

La disputa entre EE. UU. y China por el litio ,  también lo abordamos  en nuestro espacio de Columnas . Federico Friedl. La Guerra del Litio Ingresar desde aqui.  

Lo que debemos hacer es: ordenar la macroeconomía; trabajar en prevenir los cuellos de botella en infraestructura, proveedores, empleados capacitados; seguir mejorando en transparencia alrededor de este desarrollo; fortalecer capacidades de control ambiental y asegurar los beneficios para la sociedad, y sobre todo, para las comunidades de la zona.

Lo que debemos evitar son los tiros de los cazadores que, en nuestra querida jungla, siempre acechan a los pocos animales que se mueven o toman impulso. Entre esos tiros, uno es el aspecto tributario, y el otro es el reclamo por “agregado de valor”.

Respecto a la tributación, es indiscutible el derecho del Estado a recibir un ingreso justo por el aprovechamiento de recursos públicos, pero debería evitarse que los nuevos tributos o instrumentos para-fiscales sean creados sin coordinación entre Nación y provincias (la carga tributaria es una sola, a los ojos del inversor). Debería evitarse recaudar pensando en el corto plazo, o sin medir el impacto sobre la inversión futura (buscar esquemas progresivos). La discusión de ingresos al Estado debería incluir la variable del destino, y los mecanismos de rendición de cuentas de esos fondos adicionales. Es probable que sea tarde ya para evitar algunos de estos riesgos, porque mientras escribo esto las provincias avanzan cada vez más fuerte. Como ya acostumbramos decir: “Ojalá salga lo menos peor” o “que sea sin desgracia”.

Argentina no exporta litio, sino subproductos de este metal que tienen mucho valor agregado. Del salar se extrae salmuera, que contiene entre 100 a 1.200 partes por millón (ppm) de litio, y lo que se produce y exporta no es esa salmuera, sino carbonato de litio (o hidróxido de litio en un futuro), un producto refinado con una concentración de litio de entre 150.000 y 190.000 ppm (es decir: se alcanza una concentración en general de entre 500 a más de 1.000 veces de la que se extrae). Esta concentración y nivel de pureza se obtiene mediante un proceso que incluye plantas industriales con tecnología avanzada, ubicadas en la Puna. Síntesis: en Argentina ya existe la industrialización que le agrega valor a la materia prima.

EVALUAR CON PRAGMATISMO LO DE LAS FÁBRICAS DE BATERÍAS

El problema es que se habla de fabricar baterías desde un idealismo (o ideología) que es voluntarista y peligroso. El litio no es la llave maestra de la competitividad para fabricar baterías. Representa sólo entre 8% y el 12% del costo, y en el 90% restante no sólo hay tecnología compleja, sino también otros insumos y minerales críticos cuyo suministro es hoy mucho más difícil de conseguir que el litio (como el cobalto, cuyo 70% se produce en el Congo).

El litio no es la llave maestra de la competitividad para fabricar baterías. Representa sólo entre 8% y el 12% del costo.

Imaginemos un inversor que se dedica a producir baterías y le han comisionado que evalúe instalar una fábrica en el norte argentino. “Mi principal preocupación ─diría este inversor– es: ¿puedo confiar en la estabilidad jurídica y económica de este país para invertir miles de millones de dólares en instalar un negocio de tanto volumen y margen chico?” Y se le vienen a la cabeza las tantas crisis, el bajo respeto por la ley, los varios cepos y varios dólares, y hasta la historia de la forestal Botnia. Piensa después: “¿No será mejor, como hacen casi todos mis colegas, buscar una posición geográfica más cerca de los grandes centros de consumo (China, Estados Unidos, Europa, o al menos Brasil), y buscar más eficiencia en logística y costos?” Y se le vienen a la cabeza los costos y riesgos laborales argentinos.

También se pregunta: “¿Cómo voy a garantizar mi abastecimiento de cobalto, los nano materiales y otros insumos por los que Occidente y China andan peleando por el mundo?” Y además de la dificultad comercial, se le viene a la cabeza la restricción de importaciones. “¿Se consolidará la producción de carbonato o hidróxido de litio en Argentina, como para alcanzar un volumen que pueda abastecer a una mega-factoría?” Y se le viene a la cabeza que una mega factoría como la de Tesla en Nevada precisaría más de 100.000 toneladas de carbonato de litio por año, mientras que las dos minas productivas de Argentina no llegaron a 40.000 toneladas en 2022.

Entonces aparece un argentino para alentarlo: “Hay más de 30, o casi 40 proyectos de litio. ¡Multiplicaremos nuestra producción por diez en menos de diez años!”. Pero el inversor sabe que de los anuncios viven los medios, los políticos y los mercados de valores donde cotizan las mineras. Entonces lo más sensato y prudente, por muchas razones, es aplicarle a tanto anuncio la respuesta del truco: “Los quiero ver en mesa”. Entonces contesta: “Si eso se concreta, sería positivo, porque al menos podríamos negociar un precio razonable para la provisión de carbonato o hidróxido de litio”. “Pero además ─agrega el argentino entusiasta─ el Estado va a regular este tema del litio, porque es estratégico. Van a limitar su exportación, imponer cupos de venta local a las empresas, quizás fijar precios o preferencias. Un Estado presente, para evitar una patria extractivista. ¡Todo eso te mejorará el precio y la facilidad de acceso al carbonato o hidróxido de litio!” Y el inversor, entonces, abrirá grandes sus ojos y se irá a evaluar otros lugares, pensando que si así tratan a los productores mineros, si algún día llegara a fabricar baterías me obligarán a fabricar autos eléctricos, o venderlas a precio regulado.

MODELO AUSTRALIANO O MODELO BOLIVIANO

Argentina tiene que definir si se inclina hacia el modelo australiano o hacia el modelo boliviano.

En Bolivia, Evo Morales convenció a todos de que “no se llevarán nuestro litio si no es en un auto eléctrico boliviano”. Resultado: Bolivia no produce litio a nivel comercial a pesar de tener el salar más grande del mundo. Incluso en Chile, que hoy produce cerca del triple de litio que Argentina, las inversiones en desarrollos nuevos no avanzan porque la discusión del rol estatal, el esquema impositivo y los mecanismos para empujar la producción local de baterías, que llevan años, generaron incertidumbre. Hay que entender que el interés inversor en Argentina se explica porque, a pesar de los problemas macroeconómicos, el país no avanzó (al menos todavía) en imitar los modelos de estos vecinos del famoso triángulo.

Australia produce más de la mitad del litio del mundo, y más del 90% lo exporta a China, en ocasiones incluso con menos valor agregado que en Argentina. Con reglas de libre mercado, impulsan la producción para aprovechar la ventana de oportunidad (la tecnología en torno al uso del litio avanza a gran velocidad y nadie puede asegurar hasta cuándo se sostendrán estos niveles de demanda y precios). Invierten en tecnología para abaratar los costos de producir litio de roca (logrando que sea cada vez más competitivo con el de salares). Y para agregar valor, se focalizan en desarrollar su sector de proveedores a la minería (METS: mining equipment, technology and services), que hoy ya emparda en tamaño al propio sector minero australiano, exporta por 27.000 millones de dólares, invierte 1.000 millones por año en investigación y desarrollo, y motoriza la industria nacional de manera formidable: son cerca de 5.000 empresas, casi todas australianas y 60% pequeñas o medianas.

Australia produce más de la mitad del litio del mundo, en ocasiones incluso con menos valor agregado que en Argentina.

¿Cuál es el peligro de soñar con fabricar baterías? Primero: que no hablan los fabricantes de baterías, sino los políticos. Los inversores mineros conocen los casos de Bolivia, Chile y México. Al escuchar a los políticos que hablan de esto en Argentina, incorporan a su análisis el riesgo de estatismo, interferencias, restricciones en precios o exportaciones, y todo eso desalienta la inversión. El segundo riesgo es que esos discursos van generando expectativa en la ciudadanía, y sobre todo en las regiones mineras, y la frustración de esa expectativa echaría más leña al fuego del conflicto que aqueja a la industria minera. El tercero: la energía y tiempo que se gasta en esto deja de emplearse donde realmente hace falta, que es en impulsar más la producción, acompañar con infraestructura, y apoyar la creación y el desarrollo de proveedores. Todo eso sí generaría un desarrollo regional inédito. Modelo Australia.

Nacionalizar, forzar la industrialización, apelar a la soberanía para todo, crear más empresas estatales (cajas negras), y creer que desde el Estado se generan los negocios, es parte de la propuesta kirchnerista (un “Estado presente” donde no ayuda, y ausente donde se lo necesita). Nosotros creemos en la iniciativa privada.

La oportunidad del litio sin duda se anota dentro de los cinco a diez sectores que deben tirar de este carro que es la Argentina para sacarlo del barro. Argentina debe trabajar y hacer las cosas bien para aprovechar esta nueva oportunidad, tomando la actitud que se refleja en el escudo de Australia: los dos animales que lo sostienen (un canguro y un emú) no saben caminar para atrás.