Autor Javier Cófano. 
Siendo muy joven me fue dado escuchar esta historia: “Un día de julio de 1868 un malón de más de mil indios cayó sobre el Fuerte San Rafael del Diamante. El ataque fue inesperado, mataron y saquearon en el caserío que rodeaba al fuerte. Los ciento cincuenta soldados que formaban la guarnición salieron a enfrentarlos y el Capitán Montoya mató a uno de sus jefes. Los indios se replegaron y reagruparon en la otra orilla del río Diamante y desde allí desafiaron a la pequeña tropa de soldados. Los comandaba el capitanejo Barros, un desertor del ejército que se había unido a los indios. Concretamente desafiaba al Capitán Montoya, quien pidió permiso al comandante, tomó su lanza y se dispuso para el combate. Como en los duelos de caballeros de la edad media, la modalidad fue embestir al galope desde posiciones opuestas con la lanza en posición de ataque. En la acometida el Capitán Montoya fue más rápido y atravesó al capitanejo Barros dejándolo muerto.
El resto de la tropa, envalentonada cargó sobre los indios que sin sus jefes, fueron derrotados y dispersados, huyendo los sobrevivientes hacia el oeste”.
Creo recordar también que la historia la escuché de un Profesor de Historia de apellido Olivera en ocasión de filmarse un cortometraje con esta historia.
Este duelo se encuentra relatado por Narciso Sosa Morales en el libro “Compendio de historia de San Rafael” de María Elena Izuel y ha sido reproducido varias veces en medios locales y nacionales.
Los descendientes de los indígenas de todas las etnias que quedaron de este lado de la cordillera nacen argentinos, con derecho a la ciudadanía, a educación gratuita, salud gratuita y todos los derechos constitucionales. Tienen también derecho a conservar sus tradiciones, su cultura y su identidad. Incluso a reclamar ante la justicia posesión de tierras por posesión veinteañal como cualquier argentino.
El Articulo 16 de nuestra Constitución establece que la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre o de nacimiento y todos somos iguales ante la ley.
Por eso al margen de cuál sea el resultado final, o la letra de la ley 26.160, el Estado Nacional debe pacificar los conflictos, no promoverlos, defender el territorio nacional, no desmembrarlo, integrar las distintas comunidades y sostener la igualdad ante la ley. No otorgar derechos en función de prerrogativas de origen o nacimiento como en la edad media, sino en base al esfuerzo, al trabajo o el mérito.
Según entiendo el estado de derecho funciona así: un grupo de representantes consigue que se apruebe una ley para hacer valer los derechos sobre la tierra de pueblos originarios, contemplados en nuestra Constitución. Estos pueblos accionan primero por la vía administrativa y luego ante la justicia, porque esas tierras ya tienen dueño, el estado nacional, provincial o particulares. En función de las pruebas la justicia decide este conflicto de intereses. Punto.
La historia que inicia esta nota pretende mostrar el esfuerzo que requirió fundar, organizar y pacificar nuestra patria. Seguramente con abusos injusticias o excesos, que no podemos juzgar con criterios actuales, sino con la realidad de esos tiempos.
Por eso resulta inadmisible que funcionarios del Estado Nacional promuevan y defiendan los derechos de grupos de personas que pretenden fundar otro Estado dentro del territorio nacional. Significa promover las divisiones y conflictos que ya fueron resueltos y que hasta hace pocos años no existían.
